Brasil aprueba licitación de polémica hidroeléctrica en la Amazonía

El Gobierno de Brasil aprobó las directrices para la licitación de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, un gigante de hormigón en plena selva amazónica que ha generado duras críticas de ecologistas e indios.El Ministerio de Minas y Energía anunció en un comunicado que ha enviado a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el ente regulador del sector, los parámetros necesarios para que se pueda celebrar la licitación el próximo 20 de abril.La Aneel se encargará a partir de ahora de publicar el pliego de condiciones y el respectivo contrato de comercialización de energía, por lo que la licitación podría retrasarse un poco con respecto a la fecha señalada por el Ministerio.El contrato de comercialización fijará un precio máximo de 83 reales por megavatio/hora (unos 46 dólares), cantidad que recibirá el ganador de la subasta por el suministro de energía durante treinta años a partir de 2015, cuando se prevé que la central entre en funcionamiento.Belo Monte será la tercera mayor represa del mundo por detrás de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, exigirá inversiones por unos 10.600 millones de dólares y tendrá una potencia instalada de 11.233 megavatios.El proyecto deberá incluir una serie de compensaciones sociales y ambientales, incluyendo el pago de unos 280 millones de dólares en la implementación de un plan de desarrollo social en la región en la que será levantada, a orillas del río Xingú, en el estado amazónico de Pará.Al emitir la licencia previa, el Ministerio de Medio Ambiente dictó que el ganador de la subasta tendrá que pagar 800 millones de dólares en contrapartidas ambientales.La construcción de esta represa está proyectada desde hace tres décadas, pero su implantación se congeló por la presión de ecologistas, indígenas y comunidades rurales.A pesar de que el diseño ha sufrido cambios sustanciales para reducir el impacto en la selva amazónica, Belo Monte inundará un área de 506 kilómetros cuadrados, lo que afectará directa e indirectamente a 66 municipios y once tierras indígenas.Los pueblos indios de la región no se conforman con el nuevo trazado y han amenazado con atacar a los trabajadores que acometan la obra.A pesar de las amenazas, el Gobierno avanza en el proyecto, que considera esencial para garantizar la seguridad energética del país en los próximos años. Fuente: elespectador.com