Colombia: Jaime Humberto Mesa: “Hay que simplificar los procesos de selección de contratistas”

Desde mediados de febrero, el abogado Jaime Humberto Mesa asumió la jefatura de la Oficina Asesora Jurídica del Invías, el cargo más alto en materia jurídica de esa entidad.En opinión de Mesa, al Estatuto General de la Contratación Pública se le debe dar una aplicación consecuente con el espíritu que le quiso imprimir el legislador de 1993 y “despoblar el proceso contractual de todos esos ‘nodos’ de decisión que conllevan a que la adjudicación del contrato esté determinada más por el aspecto jurídico que por el técnico o el económico”.
ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son sus principales retos al frente de la dirección jurídica del Invías?
Jaime Humberto Mesa Buitrago: Son muchos los retos que nos impone estar frente al manejo de una entidad con presencia en todo el país y que, además, forma parte de una de las cinco “locomotoras” que, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, están llamadas a conducirnos hacia la prosperidad democrática. Pero si tuviese que priorizar, diría que los retos son dos, principalmente: generar los mecanismos que permitan instituir una cultura de prevención y detección temprana del daño antijurídico, de suerte que solo llevemos a los estrados judiciales aquellos litigios en los que tenemos una alta probabilidad de éxito, e implementar acciones tendientes a lograr la simplificación y agilidad de los procesos contractuales, con miras a fortalecer su transparencia.
Á. J.: ¿A qué se refiere cuando menciona los mecanismos para la prevención y detección temprana del daño antijurídico?
J. H. M. B.: Para bien o para mal, el Invías y el sector transporte en general cuentan con una nutrida jurisprudencia que se ha encargado de dirimir las controversias sobre la responsabilidad contractual y extracontractual de las diferentes entidades que lo conforman. Nuestro anhelo es poder identificar, a partir de esa jurisprudencia, cuáles son los puntos comunes en los fallos condenatorios y absolutorios, de manera que, al momento de valorar la posibilidad de conciliar en un caso específico, podamos hacer uso de una herramienta que nos indique, con algún grado de cientificidad, cuál es objetivamente la probabilidad que tenemos de ganar o perder un litigio.
Á. J.: ¿Cómo enfrentar la corrupción en materia de contratación estatal?
J. H. M. B.: Aunque parezca de Perogrullo decirlo, estamos convencidos de que la mejor manera de evitar este tipo de distorsiones en la contratación estatal es dándole cabal aplicación a la ley y simplificando los procedimientos que, a la postre, han terminado por hacer de cada proceso de selección un verdadero laberinto jurídico. Esto conduce a decisiones cargadas de la subjetividad propia de la interpretación del Derecho, de manera que en los procesos de contratación termina siendo más relevante la parte jurídica que la técnica, al menos en lo que atañe al éxito de la propuesta presentada por los oferentes.
Á. J.: ¿Se pueden combatir los “carruseles” de la contratación, como el que se investiga en Bogotá?
J. H. M. B.: Estoy convencido de que una de las formas de lograr este cometido es simplificando los procesos de selección, a fin de hacer más estables y transparentes los requisitos habilitantes y los mecanismos de evaluación de las propuestas, los cuales, idealmente, deberían ser estandarizados por cuantías y/o objetos contractuales, de manera que eliminemos no solo las suspicacias que se generan cuando de proceso en proceso se modifican estos factores y mecanismos sin que exista una razón objetivamente visible para ello, sino, además, la subjetividad con la que cada evaluador interpreta el requisito o mecanismo respectivo y que termina con decisiones polémicas.
Á. J.: ¿Las normas que regulan la contratación estatal han cumplido sus cometidos?
J. H. M. B.: Pienso que uno de los problemas estructurales de la Ley 80 de 1993 es que ha sido reglamentada y reformada como si se tratase de una norma anticorrupción, cuando, en mi modesto entendimiento, debe ser tratada como una disposición a partir de la cual se pretende lograr una mayor eficiencia y eficacia en el proceso de contratación. Ello bajo el entendido de que alcanzando tales propósitos estamos, de contera, privilegiando los principios de economía y transparencia que resultan tan caros para la contratación estatal. Fuente: http://www.ambitojuridico.com/