Colombia es el cuarto país latinoamericano en proyectos del mercado de dióxido de carbono

El negocio del dióxido de carbono ha provocado agudización de conflictos territoriales, militarización, violaciones de los derechos humanos y criminalización de la protesta. Según el Observatorio del Comercio de Carbono (Carbon Trade Watch, en inglés) el negocio del dióxido de carbono entre empresas ha provocado agudización de conflictos territoriales, militarización de los espacios civiles, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la criminalización de las voces de protesta. Colombia impulsa ese mercado desde 2002 y hoy en día es el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos registrados ante la ONU y el decimoprimero del mundo, los cuales se están desarrollando en los sectores de energía, forestal, transporte y sus principales beneficiarios son empresas nacionales e internacionales como ISAGEN, ARGOS S.A., CEMEX, Empresas Públicas de Medellín, Cerrejón S.A. o Transmilenio.  www.notiagen.files.wordpress.com/2011/11/w_argos-area-reforestada.jpg 

ARGOS tiene programas de reforestación con teca en los departamentos de Sucre y Antioquia que han sido aprobados como Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recientemente, el lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky afirmaba www.jornada.unam.mx/2011/06/17/politica/004n1pol, que para poder seguir justificando intervenciones económicas y militares desde Europa y Estados Unidos se necesitaban durante los años 90 otros pretextos que los de la amenaza comunista. La lucha contra las sustancias ilícitas durante esa década ofreció una buena alternativa justificando decenas de intervenciones militares, políticas y económicas en varios países de América Latina y Asia. A la vez se seguían buscando otros escenarios que legitimaban mantener prácticas de intervención y dominación. Las preocupaciones frente al cambio climático en este sentido parecían una opción que podía contar con un respaldo a nivel mundial y fue así como los años 90 estuvieron enfocados en crear un marco jurídico internacional al respecto. El texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) fue aprobado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. En 1993, la Convención había recibido 166 firmas y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. En 1997, la firma del Protocolo de Kyoto fue testigo de cómo 38 países industrializados se comprometían a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012 en una media del 5,2% respecto a los niveles de 1990. Las críticas desde el mundo ecologista remarcaban que este marco legal no atacaba las causas estructurales del fenómeno del calentamiento global, sino que permitía crear nuevos mercados como el de las emisiones de CO2 (dióxido de carbono). Además, el discurso de ser una empresa CO2 neutral o verde constituía para las grandes corporaciones una excelente estrategia para promocionarse ante sus consumidores. A su vez, legitimaban nuevas intervenciones alrededor del mundo por parte de empresas multinacionales, ejércitos extranjeros y bancos y agencias multilaterales:
Destacan en este sentido documentos como el aprobado por el Estado Mayor del ejército canadiense en 2009 llamado “El contexto de la futura seguridad 2008-2030:
http://www.ladyverd.com/comentar_articulo/1579/el_ejercito_canadiense_se_prepara_ante_el_cambio_climatico.htm%20en donde referencia el papel del ejército en el contexto del cambio climático: «En todo el mundo tendrán lugar fenómenos meteorológicos cada vez más violentos y cada vez más vinculados al cambio climático que exigirán intervenciones militares, desde misiones de socorro a las víctimas de catástrofes naturales hasta operaciones de estabilización a gran escala».