Oro ilegal en Colombia, depredador de las finanzas y el ambiente

Pese a los esfuerzos de empresarios responsables, en Colombia aún parece que se lava dinero con exportaciones ficticias de oro y persiste la minería criminal. Enriquecimiento ilícito y daño ambiental.

La remoción de masa con equipos mecanizados en la minería ilegal no tiene un sistema de recuperación de las áreas afectadas ni de piscinas de sedimentación. / Foto: Cortesía Policía Nacional
Según la Universidad Nacional de Colombia, la exportación del oro en el país se acerca al 99 por ciento de lo que se extrae. El término de producción de oro no es apropiado, ya que no es posible producirlo; el término más preciso es extracción.
Un 50 por ciento de esta exportación es para uso suntuario, joyas y hasta para alimentación, como es la nueva moda; un 40 por ciento se destina como valor soporte y llega a las bóvedas de bancos o instituciones en el extranjero, y un 10 por ciento es para usos industriales como aparatos electrónicos y utensilios de odontología.
El oro y el carbón tienen una característica común, pues son exportados crudos de Colombia casi en su totalidad (99 por ciento del oro y entre 92 y 95 por ciento del carbón). Según el estudio “Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista” de la Contraloría General de la Nación, esta situación “no permite encadenamientos productivos; por lo tanto, no dinamizan directamente la economía y generan impactos negativos por su minería a cielo abierto”.
Con base en los datos del Catastro Minero Colombiano del Ministerio de Minas y Energía a julio de 2012, el 8 por ciento del departamento de Caldas se encuentra con títulos mineros y el 47 por ciento solicitado, en Antioquia se ha titulado el 10 por ciento del territorio. Entretanto, departamentos amazónicos como Vaupés y Guainía se encuentran en solicitud para exploración de oro en el 31 por ciento y el 15 por ciento de sus áreas.
El estudio plantea una baja participación del Estado colombiano en las rentas mineras, tanto en coyunturas de precios normales como cuando se producen bonanzas de precios, y por tanto sugiere la necesidad de revisar los mecanismos de fijación de las tasas de participación pública en estas rentas mediante el mecanismo de regalías.
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Fuente: http://www.catorce6.com/